http://www.scribd.com/doc/33084618/GUIA-de-la-NATURALEZA-de-Castilla-y-Leon-2010
ABC Castilla y León, 11 junio 2010
"La Ley de Turismo encarece las sanciones como modo de control"
I. Jimeno- VALLADOLID
"Que la liberalización del sector (turístico) y la reducción de trámites y permisos a la hora de abrir un establecimiento no se convierta en un coladero de irregularidades, tras la aprobación del decreto que adapta la normativa autonómica a la Directiva Europea de Servicios. Éste es uno de los objetivos que persigue el endurecimiento de las sanciones previstas en la ley de turismo, cuyo proyecto aprobó ayer (día 10 de junio de 2010) el Consejo de Gobierno. Unas multas más elevadas -las leves pasan de un tope máximo de 600 a 900 euros, las graves de 6000 a 9000 euros, y las muy graves pueden llegar hasta los 90.000 euros, en lugar de los 60.000 actuales- que pretenden que "quien abra un establecimiento cumpla con todos los requisitos", defendió ayer la consejera de Cultura y Turismo, María José Salgueiro, al presentar el nuevo texto normativo que ahora debe ser ratificado por las Cortes.
La Ley, en la que se regula la ordenación, planificación, promoción y fomento del turismo, también actualiza los derechos y deberes de las empresas, turistas y nuevas actividades. El texto considera "estratégico" el sector "para el equilibrio territorial", lleva a cabo una nueva regulación de los alojamientos y, entre otros puntos, contempla "incrementar" la participación de los castellano y leoneses en el exterior como "verdaderos embajadores" de la región, destacó Salgueiro.
Órgano de participación
Por otra parte, el Consejo de Gobierno también dió luz verde ayer al proyecto de Ley para la creación del Consejo de Cooperación Local como "órgano de diálogo y participación" entre la Junta de Castilla y León y las corporaciones locales. El objetivo, destacó el consejero de Interior y Justicia, Alfonso Fernández Mañueco, es "potenciar la voz de las entidades locales y reforzar su papel institucional".
Entre las funciones de este órgano, en cuya composición se garantizará la "pluralidad política, territorial e institucional", destaca la de informar por parte de la Junta antes de aprobar textos normativos que afecten directamente a los entes locales o hacer un seguimiento de las transferencias".
